Viene justo establecer que, aunque todo se realice con impecable ejecutoria las objeciones, críticas, reclamos y oposición cuando son legítimos, no solo son respetables sino necesarios.

Teniendo como propósito es alcanzar posicionarse junto a otras regiones del país, con mejores índices y ‘meterse en la conversación’ de la competitividad, la región Caribe, con toda seguridad, y para nadie es un secreto, necesita años de continuidad de crecimiento, de generación de producción y empleo, de estabilidad económica e institucional, de paz y de justicia social, del fortalecimiento de su tejido social identitario, del ejercicio de su ciudadanía Caribe.

Si bien es cierto la Colombia de hoy experimenta de manera generalizada avances significativos en material social y de derecho, no es la región Norte la más cobijada por todo ello desde los centros de poder, que han relegado nuestra tierra ancestralmente pujante a las inequitativas oportunidades que brindan ‘los gobiernos andinos’ de turno, con el consabido resultado de no generar unas óptimas condiciones de desarrollo para habitantes y territorios de estos márgenes del país.

Circunscribir el tema Caribe por esta oportunidad, permite sumar un elemento más en esta fórmula que nos deja con resultados inferiores a los deseados en materia de desarrollo integral a escala humana y territorial: el nada devaluado asunto de los gobiernos locales de turno y sus ejecutorias.

A pocas horas de vivir un nuevo proceso en materia de política electoral, que elegirá mandatarios en el orden local, así como los nuevos cuerpos colegiados de cogobierno que los acompañarán, tanto en el orden municipal como departamental, resulta ser de obligada materia analizar el panorama de lo que viene.

Es también necesario hacer un acápite especial en esta suma y resta de posibilidades; que permita esclarecer que no toda la región ha contado con las desgracias electivas y gubernativas que han azotado a ciertas localidades con más sorna y descrédito para la clase política y que son del dominio comunicacional, por la contundencia de sus despropósitos y aniquilamiento de lo público.

También es de ese dominio los buenos gobiernos que han ido  transformando a lo largo de la continuidad de sus propuestas una  recuperación de las emociones políticas saludables y transformadoras en sus gobernados, surgidas gracias a aquellas gestiones que han permitido irse desmarcando de los males que aquejaban a sus habitantes y territorialidades, por ejercicios de gobiernos fallidos.

Lo acontecido en esta materia en cuanto a la transformación del imaginario colectivo en la comprensión de lo público como corrupto y deshumanizado, hacia uno generador de optimismo y confianza, deberá cuidarse.

Hacerlo requerirá de revisar cada paso acertado como en falso, cada desborde, así como cada acatamiento, cada gesto de violencia como el de ternura, se haya originado donde se haya originado en los distintos niveles de los gobiernos locales de turno. De no ser así, el inminente riesgo es que todo en la materia de confianza ganado retroceda al punto de partida inicial.

Viene justo establecer que, aunque todo se realice con impecable ejecutoria las objeciones, críticas, reclamos y oposición cuando son legítimos, no solo son respetables sino necesarios para construir entre todos sociedad política mejor; sociedad propositiva en cuanto a que los márgenes de lo público deberán ser siempre la vía para que haya un ‘gana gana’ entre los gobernados y los gobernantes, y como claro ejemplo de ello la continuidad programática en lo gubernamental sea ampliamente provechosa para los habitantes de una determinada región.

¿Será que la posibilidad de que candidaturas surgidas de ejercicios de poder exitosos y que permitan dar continuidad a lo logrado en materia de buen gobierno, se constituyan de alguna manera en amenaza para la democracia? Pareciera que para algunos sectores políticos lo fuera mortalmente y transmiten dicha enfermedad de lectura política al potencial electorado que pudiese llegar a seguirles, desconfigurando así la justa reciprocidad de que quien ha gobernado bien, bien puede  ‘reelegirse’, como quien no lo hizo debe sancionarse clausurándolo en las urnas.

Dar continuidad al buen gobierno ejecutoriado con quienes decidan acompañarle dentro de un partido o movimiento, así como las bases sociales que como reconocimiento a la buena labor extiende y prorroga las buenas prácticas de administración pública accionadas reeligiéndole, y nada tiene que ver la familiaridad, la amistad o la consanguineidad dentro de los márgenes de lo legal, como excusa para deslegitimarlo.

¿Por qué alguien de  ‘la casa Char’ en el Atlántico, o de  ‘la casa Cotes’ en el Magdalena no habría de continúan gobernando la Alcaldía o la Gobernación? ¿O acaso la aspiración legítima de encabezar el Poder Ejecutivo es solo una prerrogativa de la oposición, o las fuerzas políticas emergentes?

Argumentan, desde la visión contraria, que un gobierno conducido por estos sería “más de lo mismo”. Afirmar esto es no reconocer y por el contrario examinar mal la historia reciente de estos gobiernos y sus exitosas transformaciones de lo público en sus respectivos escenarios de ejecutoria, sobre todo si se contrasta con la historia de quienes en estadios de tiempos bastantes significativos ejercieron el poder con un continuismo avasallante y depredador de sus gobernados; con insignificantes testimonios de progreso. Será caballo de batalla para la rancia oposición bosquejar la teoría del continuismo que no es más que la intencional patraña para ocultar sus genuinos temores frente a las grandes realizaciones: la continuidad de un modelo probado exitoso.