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Opinión

[OPINIÓN] Cronología de una inhabilidad

Elkin Carbonó López

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La construcción de cuatro pozos profundos en octubre de 2012, por 1.085 millones de pesos, con cargo a recursos del SGP del Distrito de Santa Marta.

La siguiente línea de tiempo y su contenido, narra cada detalle y demuestra con absoluta precisión, cómo Carlos Eduardo Caicedo Omar, ferió recursos públicos por el orden de los 1.000 millones de pesos, que debían destinarse para la construcción de una obra que, por lo menos, mitigara el impacto negativo que causa en Santa Marta el desabastecimiento de agua potable.

El reporte se sustenta en la juiciosa investigación que surtiera en su momento la Procuraduría General de la Nación desde su Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública.

El lector podrá comprobar cómo se surten pruebas y alegatos, además todo sobre las consideraciones que sustentó el Ministerio Público que decidió, destituir e inhabilitar por 12 años a Carlos Caicedo, impidiéndole ejercer cargos públicos durante ese tiempo.

La titular del caso, después de cumplir estrictamente con el debido proceso contemplado así en nuestro Estado Social de Derecho, dijo categóricamente que, Caicedo Omar, cometió falta gravísima atribuida a título de culpa gravísima.

Todo inició cuando la ciudad y el país pudieron conocer en mayo de 2019 el fallo de primera instancia del proceso disciplinario adelantado contra Carlos Eduardo Caicedo Omar, Efraín Vargas Corvacho y Javier De la Hoz Bolaño, en su condición de alcalde de Santa Marta, Gerente de La Oficina de Infraestructura y representante legal de la firma Ingenieros y Arquitectos Asociados, Interventor del contrato 281 de 2014, respectivamente. De conformidad con lo previsto por el artículo 170 de la ley 734 de 2002. Luego se vino toda la cronología procesal que comunicó la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, en este emblemático caso.

Recordemos también que mediante el proveído del 4 de septiembre de 2014 ese Despacho, en cabeza de Olga Lucía Alfonso Velázquez, Procuradora Delegada para la Moralidad Pública, ordenó pruebas de oficio para el esclarecimiento de los hechos. Y solo hasta el 17 de marzo de 2015 esta Delegada abrió investigación disciplinaria contra Carlos Caicedo, Efraín Vargas y Javier De la Hoz.

Por allá en junio de 2016 se formuló pliego de cargos disciplinarios contra estos funcionarios, quienes fueron notificados en apego a la debida forma, recibiéndose además los respectivos descargos.

Más adelante, reportó la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, la recepción del material probatorio y la diligencia de versión libre, en un documento denominado: “Plan de Mejoramiento Integral de Servicios Públicos de Acueducto y Alcantarillado de Santa Marta”, que permitía ver cómo se establecía inicio de construcción de cuatro pozos profundos en el mes de octubre de 2012, con un valor de inversión de 1.085 millones de pesos, con cargo a recursos del Sistema General de Participaciones del Distrito de Santa Marta.

Vale la pena recordar, además con absoluta precisión, los cargos formulados a Carlos Eduardo Caicedo Omar, literalmente señalados así:
“Haber suscrito los términos de referencia de la invitación privada 001-14 y celebrado el contrato de obra 281 del 2 de abril de 2014 como alcalde del Distrito de Santa Marta con la empresa Ingeniería del Caribe Ltda., para la construcción de cuatro pozos profundos de 68 metros lineales para el abastecimiento de agua potable, en el marco del Decreto de calamidad pública del 27 de marzo de 2014”.

Observó la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública en Carlos Eduardo Caicedo Omar, en su calidad de alcalde de la ciudad para la época, desconocimiento de los principios de igualdad, transparencia y economía que rigen la función administrativa y la contratación con recursos públicos, en tanto no se garantizó en los términos de referencia ni en el contrato, la idoneidad del contratista para la construcción de las obras. Ni la selección de la oferta más favorable para la entidad, a través  de la exigencia de requisitos de experiencia específica, capacidad financiera y de organización proporcionales y adecuados a la naturaleza y el precio del objeto contractual, ni mediante la consagración y calificación de requisitos técnicos y de calidad.

Con el anterior comportamiento, Carlos Eduardo Caicedo Omar, en su condición de alcalde de Santa Marta, habría incurrido en la falta gravísima consagrada en el numeral 31 del artículo 48 del Código Disciplinario Único, que describe como tal participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, (…) con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y la Ley.

En precisión final ese Despacho indicó que los contratos por los que se emitió el pronunciamiento son los ya conocidos con nomenclatura 281 y 282 de 2014 de obra e interventoría, respectivamente.

En medio de lo expuesto, la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública declaró probado y no desvirtuado el cargo formulado a Carlos Caicedo Omar, además de declararlo autor disciplinariamente responsable de la comisión de una falta gravísima atribuida a título de culpa gravísima al mismo Carlos Caicedo y en consecuencia se le impuso sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad general para ejercer función pública por el término de 12 años por las razones consignadas en la misma decisión.

Para agentes consagrados en la ética pública no existe razón jurídica alguna, que impida lo que para ciertas autoridades es llamada decisión de fondo que ratifique en todas sus partes la ya resuelta en primera instancia por el Ministerio Público como vigilante de la contratación y de toda la función pública.

Escrito por:

Elkin Carbonó López

Elkin Carbonó López

Comunicador Social - Periodista Consultor en Marketing Político y Comunicación Estratégica Capellán Internacional con énfasis en DD HH Magíster en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Posconflicto Licenciado en Resolución de Conflictos

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