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Contraloría abre proceso de responsabilidad fiscal contra exalcalde de Cartagena

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Es investigado por presunto detrimento al Distrito, al no terminar obras de adecuación de instituciones de salud.

Por la no terminación de obras para la construcción, adecuación, ampliación, remodelación y dotación de instituciones de salud del distrito de Cartagena, la Contraloría General de la Nación, abrió un proceso de responsabilidad fiscal por 37.810 millones de pesos contra el exalcalde de Cartagena Dionisio Fernando Vélez.

En el mismo proceso también se vincula a la exdirectora del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Martha Cristina Rodríguez de Gaviria; el contratista Compañía de Ingeniería Negocios y Servicios; los contratistas del Consorcio Salud Heroica S.A. y el Consorcio Interventoría Hospitales Cartagena.

La decisión fue proferida por la Gerencia Departamental de la Contraloría en Bolívar. Los hechos que generaron la apertura de este proceso de responsabilidad fiscal, hacen referencia a la existencia de un detrimento patrimonial a las arcas del Distrito de Cartagena de Indias en cuantía de $9.716 millones para el Contrato 001-2014, suscrito entre el Departamento Administrativo del Distrital de Salud y el Consorcio Salud Heroica S.A.

De igual manera, en cuantía de $25.770 millones para el Contrato No. 002-2014, suscrito entre  el Dadis y la Compañía de Ingeniería y Servicios S. A., debido a que una parte de las obras quedaron inconclusas y, otra, a pesar de ser terminadas y tener los suministros de equipamiento médico, no prestan el servicio de salud, para las que fueron proyectadas.

También, se determinó un daño patrimonial en cuantía de $2.324 millones para el Contrato de Interventoría No. 001-2014, suscrito entre el Dadis y el Consorcio Interventoría Hospitales Cartagena S.A.

Lo anterior, sin desconocer los presuntos sobrecostos que se pueden dar por la extensión en el tiempo de los contratos por arriendo de bienes inmuebles donde funcionan parcialmente los servicios de salud a la comunidad de las unidades que fueron demolidas y/o están siendo remodeladas, debido a una deficiente planeación.

Para el organismo de control es claro que si bien los 2 contratos de obra iniciaron su etapa de ejecución el 24 de octubre de 2014, la cual tenía un término inicial de ejecución de 14 meses, no han sido culminadas, imposibilitando así la atención oportuna y con calidad de los servicios de salud de las comunidades beneficiarias con las obras contratadas.

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